La digitalización de los procesos empresariales es una tendencia imparable que busca mejorar la eficiencia y la transparencia en las transacciones comerciales. En este contexto, la entrada en vigor de la factura electrónica en España representa un hito importante en la modernización del sistema fiscal y empresarial del país.
La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, conocida como la Ley Crea y Crece, ha introducido la obligatoriedad de la factura electrónica para empresarios y profesionales. Este cambio normativo tiene como objetivo principal agilizar las operaciones comerciales y combatir la morosidad, un problema que afecta a la liquidez y la viabilidad de muchas empresas, especialmente pymes y autónomos.
Según la Agencia Tributaria, la obligación de expedir factura electrónica se aplicará en diferentes plazos dependiendo del volumen de operaciones de los empresarios y profesionales. Para aquellos con un volumen de operaciones superior a 8 millones de euros, la obligatoriedad comenzará a partir de un año tras la aprobación del reglamento correspondiente. Para los que tengan un volumen inferior, el plazo se extiende a dos años.
La factura electrónica debe cumplir con ciertos requisitos de contenido y características técnicas, asegurando su accesibilidad, legibilidad y autenticidad. Además, deberá emitirse a través de un programa de facturación de la Agencia Tributaria o un programa certificado, y permanecer accesible para su destinatario durante al menos cuatro años.
Este cambio normativo también tiene implicaciones directas en los plazos de pago. Con la factura electrónica, se espera que los pagos se realicen de manera más rápida y eficiente, reduciendo así los periodos de espera que a menudo generan tensiones de tesorería. La transparencia y la trazabilidad que ofrece la factura electrónica facilitarán el seguimiento de los pagos y la gestión de cobros, contribuyendo a una mejor salud financiera de las empresas.
Es importante destacar que la entrada en vigor de la factura electrónica ha sufrido algunos retrasos, estableciéndose finalmente para julio de 2024. Este tiempo adicional debe ser aprovechado por los empresarios y profesionales para adaptarse a los nuevos requerimientos y asegurarse de que sus sistemas de facturación están preparados para el cambio.
La factura electrónica es, sin duda, un avance significativo en la digitalización de las empresas en España. No solo mejorará la eficiencia en las transacciones comerciales, sino que también reforzará la lucha contra la morosidad y promoverá una cultura de pagos más ágil y responsable.
